viernes, 3 de septiembre de 2010

BUSCANDO JUSTICIA Y PAZ DE PARADERO EN PARADERO





Esta es, ñeros del mundo entero, la historia violenta que vivieron los pueblos palafitos, enclavados dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta, durante el 2000. Tiempo de recrudecimiento del conflicto interno armado que vive nuestra patria, Colombia. En esos días el terrorismo y el narcotráfico, representados en escuadrones de ultra derecha (Paramilitares) y de izquierdas (Guerrillas), se apropiaron de nuestros pueblos, violando el sagrado derecho a la vida. La muerte pasó a ser el pan de cada día.

El miércoles 22 de noviembre dejaron 37 víctimas mortales y 2700 personas de Nueva Venecia (El Morro) y Buena Vista, pertenecientes a Sitio Nuevo (Magdalena), entrabamos a engrosar la deshonrosa lista de tres y medio millones de colombianos en condiciones de desplazamiento forzado. Roto el tejido social nuestras comunidades se convierten en pueblos errantes en medio de un vasto desierto de olvidos, indiferencias, desprecios y maltratos, por ocupar un lugar que no es nuestro. Pérdida de identidad social y cultural nos deja la urbe donde nos refugiamos.

A las siete de la mañana de ese horrible día, con mi mujer Carmen Elena y mis dos únicas hijas, después de recoger nuestros muertos de la plaza pública y embarcarlos en el fondo de la canoa, le tendimos una sábana blanca sobre sus rostros desmigajados para así proteger su dignidad del escarnio público. Pasamos a transportarlos a las diferentes poblaciones y ciudades donde tenían sus familiares y cumplir así con las horas fúnebres. A uno lo sacamos debajo de un mostrador donde se refugió, agarrafado, como quien ruega una plegaria al todo poderoso.

Ahora que se cumplen diez años de aquella violación del Derecho Internacional Humanitario, la gran mayoría de los pobladores han retornado voluntariamente a sus lugares de orígenes. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ha sido negligente. A pesar que ha transcurrido el largo tiempo, seguimos en espera de las anheladas ayudas humanitarias y cada cuarenta cinco días llamamos y sigue contestando la amable mujer de siempre: “llame en cuarenta y cinco días, porque estamos organizando el sistema.” Este mes se volvió a perder la posibilidad de contar con esos recursos.

En la oficina de generación de ingresos la situación tampoco es muy fácil, siempre que llamamos los cupos están cerrados. En cuanto a la vivienda, para el 17 de diciembre del 2009, salió la resolución 907, por la cual no podemos contar con el subsidio aquellas familias que en el transcurso de estoslargos diez años adquirimos un lotecito y construimos un rancho, así éste no cuente con servicios públicos y tampoco tenga resueltas las necesidades básicas insatisfechas. De esta manera no hemos podido terminar con la incertidumbre de no tener donde alojarnos y así dejar de vagar por las peligrosas calles de la gran ciudad que tan amablemente y a buena hora nos supo acoger, como sus hijos adoptivos.

En caño Hondo encendí mi acostumbrado tabaco Picasso de todos los días, el que había comprado la noche anterior, con mis avíos de faenas. Dos horas más tarde y a través del caño Clarín Nuevo desembocamos al caudaloso Rio Grande de la Magdalena, el mismo que atraviesa el país. Por debajo pasamos el puente Laureano Gómez, que une vialmente a Barranquilla con el interior de Colombia. 15 kilómetros agua abajo, por el caudaloso rio, llegamos a la desembocadura del caño de la Ahuyama. Doblando a la izquierda, navegamos su cauce putrefacto y llegamos al puente del pescado, pleno centro de Barranquilla. Aquí boté la última mascada de mi tabaco Picasso. Yo digo que ese día no sólo se acabó mi tabaco, si no todo: mi amada mujer, mis dos queridas hijas, también mis familiares, amigos, mi pueblo natal, mis costumbres, mis folclores (la décima y el baile negro), mi trabajo. Mi vida en general.

El decreto reglamentario 1290 del 2008 ampara, para las víctimas de la violencia, los delitos violatorios consagrados en el Derecho Internacional Humanitario: homicidio, secuestro, lesiones personales que no causaron incapacidad, delitos contra la libertad e integridad sexual, desplazamiento forzado, desaparición forzada, lesiones personales que si causaron incapacidad, tortura y reclutamiento ilegal de menores. Dios quiera que aparezcan las organizaciones que dicen velar por estos derechos humanos y vigilen muy atentamente el desarrollo y el cumplimiento de estas garantías constitucionales. Soy un hombre de la calle, viviendo en la indigencia con menos de dos dólares diarios, dependiendo de la caridad pública. Fue la herencia que nos dejo la violencia.

Trabajo ahora en los paraderos y semáforos, subiéndome en los buses que atraviesan la inmensa urbe, repartiendo golosinas, caramelos y todo tipo de chucherías y baratijas entre los cansados usuarios del servicio público. Una sana manera de ganarme el sustento diario y el de mi familia. Error, mi familia se desintegró. Mi amada mujer se fugó con un hombre que le pudo ofrecer una mejor estabilidad económica; mis hijas se marcharon con ella y hasta el sol de hoy no he tenido información alguna de sus paraderos.

A las 2:10 de la madrugada un escuadrón armado de sesenta hombres, entres ellos tres mujeres,pertenecientes al bloque norte de las Autodefensa Unidas de Colombia, comandado por el temible alias ‘Esteban’ y enviados por el hoy extraditado por el delito de narcotráfico, Rodrigo Tovar pupo, alias “Jorge 40”, incursionaron en El Morro, provocando una cruenta masacre. Aquel “recorrido de la muerte” comenzó la noche anterior en el puerto fluvial del municipio de Salamina, sobre el caudaloso rio Magdalena. A las 11:00 de la noche, el grupo armado, navegando en cincos lachas tipo taxi, entraba a la Ciénaga Grande de Santa Marta, a través del caño Clarín Nuevo. 16 kilómetros más adelante, a cuchillo y navaja caían las primeras cuatros victimas de aquel hecho terrorista: pescadores y labriegos de esa zona agrícola. Continuaba el recorrido de la muerte. En el kilometro 24 del mismo caño, interceptaban a “EN DIOS CONFÍO”, la fletera de pescado fresco y seco salado que una hora y media antes había salido del Morro al puerto de Barranquilla a comercializar lo producido.


Siete asesinados en sus casas dentro del poblado. Doce tendidos bocabajo, sobre la explanada de la plaza pública, frente a la iglesia católica. Cuatro en el caño el Salado, que fueron sacados del pueblo y obligados servir como baquianos hasta el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande, donde pretendían encontrar al comando armado del ELN, que operaba en esta área de 23.000 hectáreas, una zona de protección del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. También mataron a dos en la Ciénaga de la Solera y a ocho habitantes de Buena Vista, en la ciénaga de Tamacá.

Exigimos de la Ley de Justicia y Paz una reparación integral a las víctimas del conflicto armado que se dio en la Ciénaga Grande y en Colombia. Que aquellos excombatientes postulantes de la ley reparen sus daños y purguen condenas en el territorio colombiano, como contempla la ley 765 de junio de 2005. Luego pueden ser llevados a las cortes norteamericanas para que cumplan con la justicia de los Estados Unidos, por narcotráfico. Y una vez cumplidas estas condenas, finalmente la Corte Penal Internacional, la que juzga delitos de lesa humanidad y genocidio, cumpla con su valioso papel, dictaminando condenas plenamente ejemplares, dignas de este tipo de hechos, contra el inviolable derecho a la vida.

Es hora de contar los pormenores de aquella violación tajante de los Derechos Humanos. La primera masacre se presentó en Bocas de Aracataca, corregimiento de 1.500 personas, perteneciente al municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, los días 10 y 11 de febrero del año 2000. Dejó un saldo de once víctimas mortales y la población totalmente desplazada. Hasta hoy sólo han retornado treinta familias de las 150 que existían en ese momento. Más de 2.500 desplazados. El éxodo de esta cultura anfibia terminaba en la tierra nunca prometida, en una rústica y ardiente selva de cemento, Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, en el Caribe colombiano. La llaman la puerta de oro de Colombia porque por aquí entró el progreso a nuestro país. Hoy se prepara para recibir atraso, miseria y abandonados, que es en lo que nos hemos convertido todos nosotros, los desarraigados del país del Sagrado Corazón de Jesús.

Sólo hasta mayo del 2010 la sala plena de la Corte Constitucional tomó la sabia decisión de no extraditar a la justicia de los Estados Unidos a un postulante más de la ley de justicia y paz, para que puedan cumplir con la reparación de más de doscientos mil crímenes atroces, todos consagrados en el D.I.H. De esta aberrante cifra, cincuenta mil son atribuibles al bloque norte de las A.U.C., cuyo centro de operaciones eran los departamentos de la Guajira, Magdalena, Atlántico y César.

A las cinco de la mañana, cuando encendí mi radio de baterías, el director de Radio Sucesos R.C.N. informaba a Colombia y al mundo de la masiva extradición de catorces jefes paramilitares a los EE .UU. En la radio se argumentaban tres grandes razones que habían llevado al gobierno colombiano a entregarlos a la D.E.A. Primera razón: “En algunas de las cárceles donde estaban detenidos estos jefes paramilitares, se encontraron licores, rastros de fiestas y dólares en grandes cantidades. Algunos abogados de las personas implicadas dicen que es un montaje de las autoridades”, decía el versado periodista. Segunda razón: “poca colaboración con las autoridades y con la reparación de víctimas. Incluso uno de estos jefes paramilitares entregó como parte de reparación de víctimas un televisor que estaba dañado”. Tercera razón, lo más grave: “dicen las autoridades que estos jefes paramilitares estaban mintiendo en la declaración de la fiscalía. Esto los ponía en la situación de perder los beneficios de justicia y paz, entre ellos el beneficio de la no extradición”.

“A las siete de la mañana se dirigirá al país el señor Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez”, informaba nuestro periodista insigne, orgullo de la región Caribe, Juan Gossain. Con lágrimas en mis ojos sentí que se perdían ochos años de luchas antes los juzgados y la fiscalía encargada de Derechos Humanos, y que se iban por la borda de la desesperanza. Continué escuchando el desarrollo de la desafortunada noticia. Recogí la edición del día anterior de “EL HERALDO”, el periódico de mayor circulación en la costa, que alguien me la había regalado. La sacudí y la puse doblada sobre el áspero cartón que la noche anterior me había servido de cama, en mi nueva morada, el parque Suri Salcedo, al norte de la ciudad. Otro desechable como yo, mi “ñero” compañero, me regaló entonces un tinto, un café de cien pesos. Salimos caminando sobre la calle 72 hasta la carrera 54.

- Ñero, dese prisa, que ya frenó el bus de SOBUSA. Otro día de angustia nos guarda. - dijo.





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